En el mundo actual, resultaría imposible realizar casi cualquier tipo de actividad sin que la misma estuviere vinculada o afectada de alguna manera por la normalización; aún y cuando la mayoría de las personas o de los profesionistas en las diversas ramas no se percaten en forma conciente de ello.

La normalización es -a grandes rasgos- el conjunto de actividades encaminadas a establecer las características técnicas que deben reunir los productos, procesos y servicios que se encuentran a nuestro alcance, con el fin de proteger los intereses de los usuarios de los mismos y prevenir, de esta forma, la aparición de fallos repetitivos en su obtención y distribución.

Para poder desarrollar dicha materia, debemos contar con una serie de lineamientos o regulaciones (más adelante veremos que la distinción de ambas palabras no resulta al azar) que nos especifiquen, precisamente, cuales deben ser los atributos que deben reunir tales productos, procesos y servicios y la forma de satisfacer esos requerimientos.

En el mundo actual, resulta innegable la cantidad de bienes y servicios que se distribuyen entre empresas y personas.

Este aumento de la actividad económica y, por consiguiente, de la tecnología necesaria para desarrollar los correspondientes procesos productivos, de industrialización y posterior comercialización entre el público en general, hacen necesario el contar con un marco regulatorio aplicable a dichas actividades, el cual por su naturaleza no debe circunscribirse a aspectos meramente legales, sino que debe sustentarse también en principios científicos y técnicos que redunden en su aplicación real.

Es así como nos encontramos ante el fenómeno de la normalización, el cual se encuentra presente en casi cualquier actividad humana que se desarrolla actualmente, tanto en los ámbitos nacional como internacional.

La normalización puede ser definida –en principio- como el conjunto de actividades que tiene por objeto establecer las especificaciones, características, atributos o cualidades de distintas clases de productos, procesos, instalaciones, actividades y servicios, así como la manera de evaluar dichas especificaciones

De esta forma, si bien es cierto que en el contexto internacional se parte del reconocimiento del derecho de los países a aplicar aquellas medidas que consideren necesarias (normas, o mejor dicho, Regulaciones técnicas obligatorias)éstas deberán cumplir con ciertos objetivos legítimos, como lo son los imperativos de seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, la protección de la salud y seguridad de las personas y de los animales, la preservación de los vegetales y la protección al medio ambiente.

Pero también debemos recordar que estas medidas debieran ser aplicadas de forma no discriminatoria y de una manera tal que no se constituyan en obstáculos innecesarios al comercio, para que que, ni los reglamentos técnicos y normas ni los procedimientos de prueba y certificación creen obstáculos innecesarios la actividad económica.

Por ello resulta evidente que dicho proceso desviaría su finalidad si el mismo se redujera a una serie de reglas impuestas unilateralmente por el Estado o por algún sector en específico.

En consecuencia, creemos que se debe procurar una mayor participación de la industria, del comercio organizado, de las empresas y el sector académico y profesional en la planeación, manejo e implementación de las normas técnicas, y en el desarrollo y consolidación de la infraestructura técnica de la calidad (laboratorios de pruebas y de calibración, organismos de normalización y certificación, etc.).

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